La municipalización como vacuna en defensa de los servicios públicos
La semana pasada conocimos el acuerdo del Gobierno de coalición para aprobar, a la mayor brevedad posible, un ingreso mínimo vital. Se trata de una medida de justicia social para hacer cumplir el artículo 39 de la Constitución Española que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social y económica de las familias.
Pero también de eficiencia económica, porque va a permitir llenar la nevera a miles de familias y mantener un nivel mínimo de consumo, lo que redundará en reforzar la economía de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas. Esta medida, además, permitirá también al Estado generar ingresos para sostener y fortalecer servicios públicos, como la sanidad o la dependencia, que se han demostrado imprescindibles a la hora de garantizar el cuidado de nuestro pueblo.
En nuestra ciudad contemplamos cómo los datos que nos ofrecen los servicios sociales municipales crecen de manera exponencial según avanzan las semanas de confinamiento, y lo peor en el ámbito social está por venir. Valoramos de manera positiva los esfuerzos del Gobierno municipal, de manera conjunta con entidades del tercer sector, para cubrir todas las necesidades de nuestras vecinas y vecinos, pero dos décadas de falta de inversiones en este ámbito los sitúan en una posición muy débil para afrontar el reto que vivimos.
En el acuerdo de presupuestos que firmamos para este año con el Gobierno municipal reflejamos la necesidad de fortalecer los Servicios Sociales; desgraciadamente no hemos llegado a tiempo. El ingreso mínimo vital va a permitir a los Servicios Sociales municipales dedicar sus esfuerzos a otras tareas muy importantes para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos en situaciones más vulnerables.
La crisis de 2008 nos enseñó que, ante las políticas de austeridad (paro y recorte de gasto público, que solo han generado más pobreza y desigualdad), es necesario apostar por medidas que pongan la dignidad y la vida en el centro y, para ello, necesitamos justicia fiscal y garantizar que se cumplan los derechos humanos.
Existe un amplio consenso entre todos los economistas del mundo, sea cual sea su adscripción ideológica: que esta crisis social y económica necesita de la adopción de medidas destinadas a mantener la actividad productiva del país al menos en las mismas condiciones que se encontraba antes de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Esto, evidentemente, supone un incremento del déficit público; algo que va a suceder de todas formas, como los datos ya demuestran.
El debate está en elegir cuál es el motivo por el que queremos que se incremente. Si no se garantizan ambiciosos planes de estímulo, la quiebra de muchas empresas elevará el desempleo y reducirá rápidamente los ingresos públicos. Tendremos un elevado déficit, y habremos erosionado el tejido productivo y la renta de los hogares. La recuperación será tortuosa.
Si se mantienen y se amplían las inyecciones de renta a las familias y las ayudas a las empresas, entonces el déficit efectivamente aumentará. Pero habremos evitado una fuerte mortalidad empresarial y el hundimiento de la demanda interna, y podremos recuperarnos mejor.
No existen varitas mágicas, por supuesto, ese incremento del déficit público necesita, como todos los expertos explican, de la empatía de la Unión Europea. Es el momento de que la Unión Europea demuestre los pilares solidarios sobre los que fue ideada; que las élites financieras asuman que tienen una responsabilidad social, a la vez que se eliminan instrumentos que han profundizado en las desigualdades sociales y en el saqueo a los sectores populares, como es el caso de los paraísos fiscales.
La emergencia sanitaria que estamos viviendo evidencia la necesidad de reforzar una economía de los cuidados para poder mirarnos al espejo como sociedad y reconocernos en el pueblo solidario y fraterno que somos, y no el reflejo engañoso del odio que hoy algunos intentan imponer con una mano, mientras que, con la otra, buscan mantener los privilegios de unos pocos. Ese reflejo, antes o después, está condenado a romperse.
Getafe sabe bien lo que es salir de la crisis con una receta de recortes y aumento de la desigualdad como sucedió en 2008, pero la memoria de esta ciudad es grande y también recuerda que la crisis de los noventa fuimos capaces de salir apostando por una férrea defensa de lo público frente a la apuesta neoliberal de las privatizaciones de los servicios públicos; algunas, en especial las relacionadas con el ámbito sanitario, las estamos pagando de manera evidente en esta crisis.
Este virus solo lo podemos parar unidos y unidas. Es el momento de acabar con la demagogia y los bulos que algunos quieren expandir para continuar con sus privilegios y los de sus amigos. Necesitamos un gran pacto de país para apoyar al Gobierno de Coalición a exigir a Europa que ha llegado el momento de cambiar de rumbo, acabar con la austeridad y poner la vida por delante de la economía, para no dejar a nadie atrás. Sí, se puede.
Alba Leo Pérez
Portavoz del Grupo Municipal Podemos Getafe
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