“Las personas deben estar en el centro de nuestras políticas. No vamos a aceptar el modelo de uberización que conlleva la precarización de nuestras condiciones laborales”
El pasado 14 de noviembre nos despertamos con una triste noticia: una mujer de 81 años falleció en Reus tras haber sufrido el corte del suministro eléctrico desde hacía dos meses por parte de Gas Natural Fenosa.
Esta acción provocó que la mujer fallecida se encontrase en situación de pobreza energética y se tuviese que alumbrar con velas, sin que la compañía eléctrica cumpliese con las obligaciones derivadas de la ley 24/2015 de Cataluña.
El caso de la mujer de Reus no es un hecho aislado. En España más de 5 millones de personas se van a quedar sin calefacción este invierno por no poder pagar la factura de la luz, que en octubre alcanzó de media 74,78 euros al mes. Mientras millones de personas se encuentran en situación de pobreza energética, Gas Natural Fenosa obtuvo más de 10 mil millones de euros de beneficios entre 2008 y 2015.
Gas Natural Fenosa está incumpliendo no sólo la legislación catalana sino los compromisos adquiridos por España en materia de derechos humanos, como:
- El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos según el cual toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la vivienda entre otros.
- La Observación general No4 por el que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada con acceso a calefacción y el alumbrado, entre otros.
- La Resolución 53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que obliga a las empresas a promover y proteger los derechos humanos.
Hacemos un llamamiento para que el próximo sábado 19 de noviembre a las 12:00 nos movilicemos frente a las sedes principales de Gas Natural Fenosa como repulsa por los hechos de Reus.
La pobreza energética mata.
Nadie sin luz.
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