“Las personas deben estar en el centro de nuestras políticas. No vamos a aceptar el modelo de uberización que conlleva la precarización de nuestras condiciones laborales”
140 millones en más de 25 países. 3 millones cada año. Y en nuestro país, 17.000 corren el riesgo de sufrirla.
No sobrevivir al parto. Dar a luz a un bebé muerto.
Más vulnerabilidad al VIH.
Disfunción sexual, infecciones. Riesgo de muerte.
Estas son las consecuencias a las que se enfrentan, el resto de sus vidas, esos 140 millones de mujeres y niñas que han sufrido la mutilación genital femenina. Los 30 millones que, si no hacemos nada, serán mutiladas en la próxima década. Esas 17000 que viven, ahora mismo, en nuestro propio país.
Y mientras los fondos de cooperación al desarrollo se han reducido en un más del 70%, un 80% los destinados a la salud y la reproducción y, para apoyo a las organizaciones de mujeres, un 85%. Una legislatura que en 4 años ha recortado los derechos más fundamentales. Los derechos humanos. Mientras los organismos, resoluciones y convenios internacionales apuntan en una dirección muy clara, el Gobierno de nuestro país se ha obstinado en dar pasos atrás, dejando mientras a esas mujeres y niñas, miles aquí, millones fuera de nuestras fronteras, en el camino.
Es hora ya de cambiar esa tendencia. Lo lleva siendo varios años, así que vamos con retraso. El próximo Gobierno debe aumentar y hacer públicos los fondos de cooperación internacional que serán destinados a la lucha contra la violencia machista. En todas sus formas. También en esta. Podemos considera que el gobierno debe comprometerse a llevar a cabo acciones decididas en apoyo de la lucha contra la MGF:
1) Aumentar los fondos de cooperación al desarrollo, especialmente los destinados a las organizaciones de mujeres que luchan por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia machista.
2) Destinar el 0,7 % de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo en un máximo de dos legislaturas; y el 15% de los fondos de la AOD a intervenciones específicas de género, al empoderamiento de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva.
3) Adoptar medidas para luchar de forma integral contra la MFG en España. Entre otras, nueva Ley Integral de lucha contra la violencia machista que, cumpliendo con los convenios internacionales, abarque todas las formas de violencia machista (y no sólo en el ámbito de la pareja o ex-pareja) Garantizar la detección, actuación y prevención de la MFG, así comoos derechos de las víctimas a la protección, asistencia, justicia y reparación.
4) Impulsar una Ley de Protección Integral contra la Violencia hacia la Infancia y la Adolescencia que incluya el apoyo a las niñas migrantes expuestas a la violencia machista, con independencia de su situacion administrativa.
5) Adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos e incrementar el presupuesto público en sanidad en 8800 millones de euros.
Tenemos una responsabilidad como país, como ciudadanía y, algunos más que otros, como Gobierno. Llevamos diciendo mucho tiempo que la política sólo tiene sentido si mejora la vida de la gente. Y eso es algo que en algunas ocasiones, más que en otras, es especialmente verdad. Esta es una de ellas.
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