La crisis de régimen es evidente, debido al descrédito de las instituciones y la falta de legitimidad política. Quizás ese sea el motivo principal por el que a día de hoy, la cota de represión a la que es sometida la ciudadanía no tiene precedentes en la era democrática de nuestro estado. Cientos de sindicalistas son perseguidas y criminalizadas. La protesta social es reprimida con cargas policiales extremadamente duras…pero no es suficiente, y nuestro Gobierno quiere legalizar la represión.
El 15M, las mareas ciudadanas, la plataforma Stop Desahucios, las marchas de la dignidad y muchos más colectivos, han puesto en evidencia un grave problema social a través de las movilizaciones en las calles, acciones que el actual Gobierno del Partido Popular pretende parar sea como sea. Para conseguirlo nos quieren imponer una ley antidemocrática, el proyecto que ellos llaman Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, por aquello de que reprime y recorta derechos fundamentales, en particular los derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión y el derecho de huelga, afectando también al derecho de información, y es que, entre otras censuras, podremos ser sancionados (hasta 30.000 euros) por grabar o difundir datos (y/o abusos) de autoridades y fuerzas de seguridad.
¿Qué contempla esta propuesta de ley del gobierno del Partido Popular? Eleva las cuantías de las multas a cantidades impagables por gran parte de la ciudadanía. Para recurrir en los tribunales tendremos que pagar unas tasas judiciales, cuya cuantía depende de la multa impuesta. Con esta ley se legalizaran las listas negras de manifestantes, activistas y prensa activa. Se permitirán los controles de identidad arbitrarios por cubrir, lo que ellos llaman, un perfil radical. Dan la autoridad a los mismos que hoy nos apalean en las manifestaciones, para hacer de acusación, juez y testigos. En acusaciones tan graves como la desobediencia pacífica a la autoridad, ocupar una sucursal bancaria o no finalizar una manifestación cuando ellos y solo ellos lo exijan. Con la posibilidad de multarnos con una cuantía de 600 a 30.000 euros. Además, pretenden legalizar la vergüenza de las devoluciones en caliente y las palizas a personas emigrantes en la frontera Sur de Ceuta y Melilla.
Hay que tener muy presente que a pesar de las reiteradas modificaciones que ha impuesto el Tribunal Europeo, por ser un proyecto que vulnera los derechos humanos, esta ley sigue adelante. El proyecto de ley se aprobó ayer en la Comisión de Interior (23 votos a favor y 17 en contra), ahora se trasladará al Congreso y posteriormente al Senado. Y sí, con su todavía mayoría absoluta, pueden aprobarla.
En definitiva, la Ley Mordaza es una ley a su medida, la cual nos recuerda a épocas más duras, épocas dictatoriales. El único objetivo de estas medidas es el miedo. Miedo para que no sigamos protegiendo a las familias de desahucios injustos, miedo a los trabajadores para que no luchemos por unas condiciones justas en nuestros puestos de trabajo, miedo a la ciudadanía para que no denuncie las políticas de austeridad y el saqueo continuo de nuestro dinero a manos de políticos corruptos. Y ante el miedo solo nos queda una reacción: más lucha social, más protesta y más organización colectiva. No olvidamos que la protesta organizada y pacífica es parte de la democracia y no nos conformarnos con votar una vez cada cuatro años. Por eso, es necesario y urgente luchar en todos los ámbitos para que esta ley de “inseguridad ciudadana” no vea jamás la luz.