Observatorio Ciudadano Municipal – ¿Qué es?

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SQSQX7xMtlo?list=UUWo3SBUa01Kp8RU0r-FBk-g] Los Observatorios Ciudadanos Municipales (OCMs) son grupos de personas del mismo municipio dedicadas a fomentar la transparencia y la participación ciudadana en su localidad. Desde la PACD los entendemos como espacios abiertos, organizados y autogestionados. Los consideramos útiles para impulsar las auditorías ciudadanas municipales porque potencian el control desde la base, desde la…

El recorte de los servicios sociales

“La reducción del gasto en los servicios sociales en los últimos años muestra una clara tendencia a empeorar y a la reducción de en la oferta de servicios y prestaciones”.

Bx6HcDeCEAE_EjGLos recortes han sacudido con dureza a la red de servicios sociales (ayuda a domicilio, rentas de inserción, teleasistencia, comedores, dependencia), el colchón destinado a prestar auxilio a las personan más desfavorecidas y contener el riesgo de exclusión social. Entre 2011 y 2013, los años de la crisis que coinciden con la llamada segunda recesión, la más prolongada de la democracia, la reducción del gasto de las administraciones públicas en la ayuda a las personas más necesitadas ha sido de 2.212 millones de euros (una caída del 13,3%), según un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes. El gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, el 1,4% del PIB (en 2011 alcanzó el 1,6%).

Los presupuestos han descendido en plena crisis en todas las administraciones, justo cuando eran más necesarios”, denuncia la entidad, lo que representa un “miserable e injustificable abandono a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. El estudio se ha elaborado con a partir de las liquidaciones y los presupuestos definitivos publicados por las administraciones local, autonómica y estatal.”

TTIP: un Golpe transnacional de UE y EE.UU contra la soberanía popular

nottip02A lo largo del pasado mes de julio se celebró en Bruselas la sexta ronda de negociación en torno al Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), bajo el mismo aura de opacidad y secretismo que ha caracterizado este proceso desde que la Unión Europea (UE) y los Estados de Unidos de América (EUA) lo pusieran en marcha en junio de 2013.

Esta propuesta, que espera ser definitivamente aprobada a lo largo de 2015, plantea un nuevo marco de regulación de las relaciones comerciales y de inversión entre las dos regiones a ambos lados del Atlántico, con el objetivo último de generar el mercado más grande y relevante del planeta. Para ello, se pondrían en marcha básicamente cuatro iniciativas (armonización normativa; nueva arquitectura política y jurídica entre empresas e instituciones públicas; rebaja de aranceles; marco favorable a la privatización de servicios) que, de aprobarse, alterarían profundamente las reglas de juego básicas del estado social y de derecho europeo.

Por supuesto, estas transformaciones serían positivas y necesarias para quienes defienden el Tratado. En este sentido, y frente al magro desempeño económico actual, se deberían priorizar las medidas que mejoren las perspectivas de negocio, de manera que se genere más inversión, más empleo y, en última instancia, mayor bienestar. Desde esta premisa, ya han sido publicados diversos estudios[1] que, sin conocer los contenidos de los que se aprobará, ya auguran que el TTIP tendrá un resultado óptimo en términos de crecimiento económico (en torno al 1% en la UE), de comercio (17%) y en la creación de miles de empleos.
Por el contrario, cada vez somos más las voces que desde ámbitos académicos, sociales y políticos pensamos que el TTIP, si atendemos a la información filtrada hasta el momento, podría tener un impacto muy negativo en términos ecológicos, sociales, económicos, laborales y democráticos. En este sentido, y frente a quienes defienden el TTIP, no creemos que haya una correlación positiva sino negativa entre beneficios y bienestar, de tal manera que asistimos hoy en día a un conflicto capital-vida profundo y notorio. El TTIP no haría sino agudizar este conflicto de manera exponencial en contra del bienestar de las grandes mayorías y de los derechos de la naturaleza, al establecer una estructura político-jurídica que únicamente favorece a los intereses de las grandes empresas trasnacionales (ETN).
Esta afirmación se sustenta sobre el análisis de los cuatro ejes principales del acuerdo antes señalados y de sus implicaciones sobre una realidad marcada a su vez por dos dinámicas prioritarias en el contexto global: el peso hegemónico de las ETN como actores económicos y políticos, por un lado; y la creciente competencia geopolítica entre ETN, por el otro. Ambas dinámicas nos permiten comprender mejor qué está en juego, quién, por qué y para qué se propone este acuerdo.
Precisamente en función de esta lógica estructuramos el presente artículo, describiendo en un primer apartado estas dos tendencias del contexto actual, para en un segundo apartado proceder a analizar los cuatro ejes principales del acuerdo y sus posibles consecuencias.