“La reducción del gasto en los servicios sociales en los últimos años muestra una clara tendencia a empeorar y a la reducción de en la oferta de servicios y prestaciones”.

Bx6HcDeCEAE_EjGLos recortes han sacudido con dureza a la red de servicios sociales (ayuda a domicilio, rentas de inserción, teleasistencia, comedores, dependencia), el colchón destinado a prestar auxilio a las personan más desfavorecidas y contener el riesgo de exclusión social. Entre 2011 y 2013, los años de la crisis que coinciden con la llamada segunda recesión, la más prolongada de la democracia, la reducción del gasto de las administraciones públicas en la ayuda a las personas más necesitadas ha sido de 2.212 millones de euros (una caída del 13,3%), según un estudio elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presentado este viernes. El gasto total en servicios sociales en España en 2013 fue de 14.982 millones de euros, el 1,4% del PIB (en 2011 alcanzó el 1,6%).

Los presupuestos han descendido en plena crisis en todas las administraciones, justo cuando eran más necesarios”, denuncia la entidad, lo que representa un “miserable e injustificable abandono a los ciudadanos en situación de mayor vulnerabilidad. El estudio se ha elaborado con a partir de las liquidaciones y los presupuestos definitivos publicados por las administraciones local, autonómica y estatal.»

El nivel de desarrollo de los servicios sociales en España es, en general,  bajo. Evaluado del 1 al 10, la nota media es un suspenso (un 4,71). Hay ocho autonomías por debajo del aprobado, frente a las seis del año pasado.

País Vasco (7,5) y Castilla y León (6,65) son las comunidades con mejores resultados. En el último grupo, con una cobertura asistencial «irrelevante» está Andalucía (4), Madrid (3,7), Galicia (2,85), Canarias (2,6) y Murcia (2,1). De nuevo, un año más, descolgada del resto de autonomías está la Comunidad Valenciana con una nota de 0,6.

Son las autonomías quienes soportan el mayor peso de la financiación del sistema (63%), por delante de las entidades locales (25%) y los fondos estatales (12%). Mientras los gobiernos autónomos han reducido un 10,5% (de media) su gasto en atención social, la caída duplica este porcentaje (el 20,8%) en el caso de municipios, mancomunidades o diputaciones (se ha evaluado el esfuerzo propio, no se cuentan las trasferencias que reciben de las autonomías).

En el periodo de tiempo al que se refiere el estudio, el Estado ha incrementado su aportación en un 15% al pasar de 2.513 millones en 2011 a 2.845 en 2013. Pero se trata de un aumento más aparente que real, ya que en 2013 el Gobierno incluyó una partida en los presupuestos destinados a servicios sociales de 1.034 millones de euros para saldar una deuda con la Seguridad Social (no se destinó a servicios). Descontada esta cantidad, la caída ha sido superior a la de sus dos administraciones hermanas, al alcanzar el 28%. Debido a que buena parte de los fondos estatales para servicios sociales se trasfieren a las otras dos administraciones, la caída de la partida del Estado influye sensiblemente en los recortes que acometen las comunidades y entidades locales, centrados, sobre todo en los capítulos de personal (despidos, reducción salarial) y transferencias (renta garantizada, cuidados familiares para dependientes), según los autores del estudio.

La asociación de gerentes de servicios sociales advierte que no es una tarea sencilla determinar cómo se han traducido los recortes del gasto en la caída en la calidad y oferta de las prestaciones:  “No existe información actualizada en muchos de los indicadores de cobertura”. Es lo que sucede, por ejemplo, con las rentas mínimas de inserción o las residencias de mayores. Pero hay otros servicios que sí están sometidos a seguimiento, como los incluidos en el sistema de dependencia. Los autores del estudio remiten al retroceso que han sufrido estas ayudas para ilustrar cómo afecta la reducción de gasto a la oferta de servicios y prestaciones: “los datos permiten constatar un deterioro del sistema, cuya expresión más nítida es la contención en el número de beneficiarios, a partir de julio de 2012 y la caída de usuarios desde este año”.

Vía Jaime Prats

Los ayuntamientos recortan el doble que las cc.AA

Sin embargo, existen diferencias entre este recorte del gasto en servicios sociales de las comunidades autónomas entre 2011 y 2013 y las corporaciones locales, siendo el de las segundas (20,8%) casi el doble que el de las primeras (10,5%) y que, según el documento, «pone de manifiesto que el deterioro es mayor en los servicios básicos de proximidad», cuyo futuro está «amenazado» por la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local. La reducción del gasto en 2.212 millones de euros entre 2011 y 2013 afecta, según los autores, a la oferta de servicios y prestaciones del Sistema de Atención a las Personas con Dependencia, que no sólo se nutre de las aportaciones de las comunidades autónomas y ayuntamientos sino también de la Administración central, donde la «reducción del gasto es más importante aún». Según el informe, la «expresión más nítida» de esta situación es la «contención» del número de beneficiarios dependientes desde julio de 2012 y la caída por primera vez de los mismos en 2014, que vincula al descenso de prestaciones en el ámbito familiar, los servicios de atenciones domiciliares y la teleasistencia. Los servicios residenciales y en centros de día aumentan, pero en cantidades menos importantes. Para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, un dato «desalentador» es que en los dos últimos años (2013 y 2014) no se ha aprobado ninguna Ley de servicios sociales, ni catálogo ni plan estratégico, excepto en Andalucía —anteproyecto de ley de nueva generación— y País Vasco y Castilla y León —están elaborando sendos planes estratégicos—.

De la pobreza a la exclusión social

El ‘índice DEC’ pone en evidencia las cifras tan dispares que se dan entre comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de sus servicios sociales. Como ejemplo, un trabajador de plantilla en los servicios básicos municipales en Navarra por cada 720 habitantes frente a un trabajador por cada 7.916 habitantes en la Comunidad de Madrid. Otras diferencias se reflejan en que el 2,5% de la población en La Rioja recibe prestaciones o servicios del Sistema de Dependencia frente al 0,5% de Canarias; o que en el País Vasco se beneficien de las rentas mínimas de inserción uno de cada 16,9 personas y en Castilla-La Mancha uno de cada 355,8 personas. Según el documento, estas diferencias tienen su origen en el gasto que las administraciones públicas realizan en cada territorio: en el País Vasco asciende a 541,2 euros por habitante mientras que en la Comunidad valenciana es de 196,1 euros; el Gobierno de Asturias financia el 47,5% del gasto de las entidades locales en servicios sociales frente al 8,05% del Gobierno de Aragón.

Ver más en: http://www.20minutos.es

El documento completo: Indice DEC Indice de desarrollo de los Servicios Sociales 2014